Hace 8 años
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Realmente me molesta mucho llamar “Imperio” a un Estado solo por su posición y sus fuerzas de élite, el cual se antepone al resto del mundo; luego de auto-proclamarse hoy en día: “Policía Galáctica” del planeta entero. A pesar de encontrarse en una confrontación sin igual, en lo que podría llegar a ser la Segunda guerra de Secesión o guerra civil norteamericana del S. XXI producto de las profundas y arraigadas diferencias económicas, sociales y políticas que aún se mantienen después de más de un centenar y medio de años de haberse desarrollado aquella primera.
Entender a la sociedad norteamericana actual desde un punto de vista político es difícil; sobre todo en la que se ha mantenido un bipartidismo politico, que se puede decir se estructura desde las bases de lo que una vez fue la causa fundamental de aquella primera confrontación en las elecciones presidenciales de 1860, donde producto de la división en las filas del Partido Demócrata dio como resultado la candidatura por parte del ala sureña de John Breckinridge, de Kentucky, y por parte del ala norteña de Stephen Douglas. El recién constituido Partido de la Unión Constitucional, que reflejaba el sentimiento de concesión aún arraigado en los estados fronterizos, nominó a John Bell, de Tennessee. Los republicanos eligieron a Abraham Lincoln, en una campaña en la que se oponían a la
expansión de la esclavitud y apoyaban una tarifa proteccionista, subsidios federales para mejoras internas y una ley de residencia. Los demócratas secesionistas aseguraron prácticamente la elección de Lincoln y esto a su vez convenció a los sureños que tenían que hacer un esfuerzo para lograr la independencia en lugar de quedar aislados políticamente.
La prolongación de la guerra y el paso del tiempo hasta nuestros días no jugaron a favor del Sur de EE.UU, lamentablemente para el resto de Suramérica tampoco. Mientras en 1863, el Norte se encontraba en una situación de prosperidad económica debido a que exportaba grano a Europa y sus fábricas producían al máximo rendimiento, los estados del Sur de Estados Unidos, padecían todos los sufrimientos derivados de la guerra civil de aquella época y su economía, basada en el monocultivo o la mono producción, como lo es hoy en día para Latinoamérica y el Caribe; estaba en quiebra: no se vendía ni se recogía algodón, existía una fuerte carestía de alimentos básicos y una peligrosa escasez de hierro.
Las fortalezas de aquel EE.UU cuyo mayor desarrollo tecnológico e industrial, así como su mayor población, pesó desde el principio, pero especialmente según la guerra se prolongaba: su potente industria y su economía saneada, le permitió mantener un suministro estable de armamento.
Por el contrario, el Sur tuvo que lidiar desde el principio con graves problemas de abastecimiento armamentístico, no en vano, antes de la guerra, la mayoría de las fábricas de armas del país se hallaban en las zonas industriales del Norte. Tal situación le llevó a depender básicamente del contrabando de armas.
En consecuencia, los soldados de la Confederación a menudo estaban dotados con sus propias armas caseras o las que iban recogiendo en el campo de batalla, y con frecuencia, no tenían ni un uniforme decente que ponerse. Por otro lado, el desarrollo industrial del Norte le permitió disponer de una densa y eficaz red de transporte basada en el ferrocarril, que hizo posible, en poco tiempo y con pocos costes, el traslado masivo de tropas y todo tipo de suministros, mientras el uso sistemático del telégrafo permitió agilizar las comunicaciones en el frente y con la retaguardia. En el Sur, por el contrario, la débil infraestructura ferroviaria dificultaba el transporte de las tropas y los suministros. A esta situación habría que añadir el control de los grandes ríos y el bloqueo marítimo ejercido por la flota de guerra del Norte sobre los principales puertos del Sur, ejerciendo un control absoluto de las aguas del Golfo de México y el Atlántico, e impidiendo a la Confederación seguir exportando sus productos agrícolas, que eran la base de su economía. En este sentido, hay que resaltar que fue durante la Primera Guerra Civil Americana; donde este tipo de prácticas genocidas se utilizaron de manera generalizada por primera vez. Y que en la actualidad se le aplica a naciones como Venezuela para conseguir con esto la asfixia, muerte sistemática y progresiva de su población para hacerse así de los recursos económicos de la nación conjuntamente con el cambio de Régimen Político.
La guerra invisible y que pronto pasará a ser pandemica; por la opresión descarnada que ejerce EE.UU sobre los Pueblos y Naciones libres del mundo que no comulgan con su ideología Capitalista neoliberal, neoesclavista y fascista del S. XXI. Provoca más muertos que ninguna otra en la historia de Estados Unidos, unos 700.000 aproximadamente. Entre las razones del elevado número de bajas se hallarían las mejoras en la tecnología armamentística, y en las nuevas formas de guerras multiformes incluidas en las nuevas formas de dominación mundial por parte de los líderes a cargo del Régimen Norteamericano.
Nota Final: Las imágenes utilizadas para ilustrar este artículo; son de exclusiva propiedad de su autor original. Las hemos utilizado aquí por mero uso ilustrativo, y sin ningún tipo de ánimo de aprovechamiento de lucro o con intenciones de quitarle los derechos a sus autores.
expansión de la esclavitud y apoyaban una tarifa proteccionista, subsidios federales para mejoras internas y una ley de residencia. Los demócratas secesionistas aseguraron prácticamente la elección de Lincoln y esto a su vez convenció a los sureños que tenían que hacer un esfuerzo para lograr la independencia en lugar de quedar aislados políticamente.
La prolongación de la guerra y el paso del tiempo hasta nuestros días no jugaron a favor del Sur de EE.UU, lamentablemente para el resto de Suramérica tampoco. Mientras en 1863, el Norte se encontraba en una situación de prosperidad económica debido a que exportaba grano a Europa y sus fábricas producían al máximo rendimiento, los estados del Sur de Estados Unidos, padecían todos los sufrimientos derivados de la guerra civil de aquella época y su economía, basada en el monocultivo o la mono producción, como lo es hoy en día para Latinoamérica y el Caribe; estaba en quiebra: no se vendía ni se recogía algodón, existía una fuerte carestía de alimentos básicos y una peligrosa escasez de hierro.
Las fortalezas de aquel EE.UU cuyo mayor desarrollo tecnológico e industrial, así como su mayor población, pesó desde el principio, pero especialmente según la guerra se prolongaba: su potente industria y su economía saneada, le permitió mantener un suministro estable de armamento.
Por el contrario, el Sur tuvo que lidiar desde el principio con graves problemas de abastecimiento armamentístico, no en vano, antes de la guerra, la mayoría de las fábricas de armas del país se hallaban en las zonas industriales del Norte. Tal situación le llevó a depender básicamente del contrabando de armas. En consecuencia, los soldados de la Confederación a menudo estaban dotados con sus propias armas caseras o las que iban recogiendo en el campo de batalla, y con frecuencia, no tenían ni un uniforme decente que ponerse. Por otro lado, el desarrollo industrial del Norte le permitió disponer de una densa y eficaz red de transporte basada en el ferrocarril, que hizo posible, en poco tiempo y con pocos costes, el traslado masivo de tropas y todo tipo de suministros, mientras el uso sistemático del telégrafo permitió agilizar las comunicaciones en el frente y con la retaguardia. En el Sur, por el contrario, la débil infraestructura ferroviaria dificultaba el transporte de las tropas y los suministros. A esta situación habría que añadir el control de los grandes ríos y el bloqueo marítimo ejercido por la flota de guerra del Norte sobre los principales puertos del Sur, ejerciendo un control absoluto de las aguas del Golfo de México y el Atlántico, e impidiendo a la Confederación seguir exportando sus productos agrícolas, que eran la base de su economía. En este sentido, hay que resaltar que fue durante la Primera Guerra Civil Americana; donde este tipo de prácticas genocidas se utilizaron de manera generalizada por primera vez. Y que en la actualidad se le aplica a naciones como Venezuela para conseguir con esto la asfixia, muerte sistemática y progresiva de su población para hacerse así de los recursos económicos de la nación conjuntamente con el cambio de Régimen Político.
Nota Final: Las imágenes utilizadas para ilustrar este artículo; son de exclusiva propiedad de su autor original. Las hemos utilizado aquí por mero uso ilustrativo, y sin ningún tipo de ánimo de aprovechamiento de lucro o con intenciones de quitarle los derechos a sus autores.
¿EL IMPERIO CONTRAATACA O NUNCA HA DEJADO DE ATACAR?
La pérdida electoral de Miranda el 16 D tiene un antecedente sorprendente
Entretanto, la DAI había distribuido sesenta y siete donaciones que, en
los últimos meses, sumaban un total de 2.300.000 dólares, más de la mitad
de los cuales se habían concentrado en el referendo y en la Venezuela
«poschavista». Al responder a la solicitud de información de la FOIA
sobre sus proyectos en Venezuela, la USAID retuvo los nombres de todas
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las organizaciones y los beneficiarios de los dólares del contribuyente
estadounidense en Venezuela. En muy pocos casos se cometieron errores
administrativos y se revelaron nombres de beneficiarios como Súmate,
Carlos Fernández y Mirador Democrático, pero, en el caso de la mayoría
de las donaciones, sólo se dejó fuera de la censura los nombres de los
proyectos con las descripciones de los programas. Algunos de los proyec-
tos eran fáciles de descifrar, como el de «Un Sueño para Venezuela», una
propuesta de Liderazgo y Visión, organización financiada por la NED
como otra alternativa a Chávez, pero la mayoría se identificaba sólo por
el nombre del proyecto.
De las sesenta y siete donaciones para 2003-2004, hay algo en particular
que salta a la vista: siete de éstas se destinaron a la comunidad de Petare,
uno de los vecindarios más poblados de Venezuela y una base importante
de apoyo en favor de Chávez.
Petare es el sector más poblado de la gran Caracas. Situado en el muni-
cipio Sucre, en el estado Miranda; Petare es esencialmente un barrio de
la clase obrera y pobre, con algunas zonas de pobladores de las clases
media y alta. Aunque es conocido como el bastión chavista para sorpresa
de muchos, durante el referendo revocatorio contra éste, el 15 de agos-
to de 2004, ocurrió algo en Petare: contrario a lo que se esperaba, el «sí»
de la oposición obtuvo más votos que el «no» para mantener a Chávez.
Las siete donaciones USAID-DAI en Petare se concentraron fundamen-
talmente en el «desarrollo ciudadano y la formación política» y el mejora-
miento de las relaciones de la comunidad. Una de las donaciones, valorada
en 22.081 dólares y titulada «Tendiendo Puentes Comunitarios para For-
talecer la Vida Democrática en Nuestras Comunidades», fue destinada
supuestamente a enmendar las relaciones entre las comunidades de las
clases alta y media en el sector de Petare y la clase baja mayoritaria. Otra
donación, de unos 53 mil dólares, «Mi Barrio: Un Espacio Democrático
para el Consenso y el Desarrollo», fue destinada a ayudar a los miembros
de las comunidades pobres a desarrollar valores democráticos.
«Diálogo y Resolución de Conflictos», otro de los esfuerzos de USAID-DAI en Petare enseñaría, supuestamente a los trabajadores pobres cómo
comunicarse en una democracia, y el floreciente «Acciones Vecinales para
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la Armonía y el Entendimiento» era un proyecto de 34.215 dólares para
«ayudar» a los miembros de la comunidad a llevarse bien. El más oscuro,
«Experiencia Local de Negociación y Legitimación de Consenso. Los
Derechos de la Infancia en Sucre», introdujo otros 6 mil dólares, y el más
general, «Prevención de la Violencia Cotidiana», reportó al vecindario la
enorme cifra de 49.830 dólares.
Hay dos cosas que llaman la atención acerca de esas donaciones en
Petare. Una, las donaciones USAID-DAI en Petare no sólo eran condes-
cendientes y paternalistas con los miembros de la comunidad, dándoles a
todos un tratamiento de ciudadanos pobres, no instruidos y carentes de
valores, sino, además, un intento por enseñarles valores «democráticos» y
metodologías de desarrollo no autóctonas en Venezuela. Las donaciones
introdujeron valores y nociones impuestas por Estados Unidos para tra-
tar de influir en la opinión pública. La idea detrás de esas donaciones
para «formación» era precisamente influir en la formación ideológica y
política de la base venezolana; vasta población mayoritariamente pobre
en el país, que es también la mayor base de apoyo a Chávez. Era en
Petare donde se desarrollaba una verdadera «batalla de ideas» y, a juzgar
por los resultados del referendo, Estados Unidos estaba ganando.
El segundo aspecto que llama la atención en relación con las donacio-
nes era el hecho de que la mayoría de los miembros de la comunidad no
conocía nada de éstas. Más de 200 mil dólares habían sido invertidos en
su comunidad para la formación democrática y política y la solución de
conflictos, y la mayoría de los residentes de Petare no habían tenido nin-
guna participación en los proyectos; sin embargo, más intrigante aún
resultaban las numerosas historias de testigos oculares de cómo el diputa-
do por el estado de Miranda, Carlos Ocariz, del partido de oposición
Primero Justicia, contraparte venezolana del IRI, iba de puerta en puerta,
con sus ayudantes, por los barrios más pobres de la comunidad, semanas
antes del referendo y ofrecía 150 mil bolívares (alrededor de 75 dólares)
y una bolsa de alimentos para que votaran por el «sí». No es difícil de
imaginar que el hambre venciera a los principios, incluso en un ambiente
políticamente cargado.
Tendría sentido, entonces, que si la USAID-DAI había invertido más de
200 mil dólares en Petare en los meses que precedieron el referendo y la
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mayoría de los residentes del lugar no había oído nunca hablar de los
proyectos y programas que supuestamente debían ser realizados en su
vecindario, que de cierta manera una parte de esos 200 mil dólares
apareciera en los donativos de Carlos Ocariz a los miembros pobres de la
comunidad de Petare.
Al final, el resultado deseado era el mismo, ya fuera por vía de los pro-
gramas legítimos de donación o por el soborno político: ganar el referen-
do revocatorio y librarse de Chávez. En Petare concibieron una forma
fácil de lograr ese objetivo: aprovecharse de la pobreza.
Para suerte de Chávez y sus seguidores, en el estado de Miranda, donde
está situado Petare, ganó el «no» por algunos puntos porcentuales, de ahí
que la pérdida en el lugar no tuvo una repercusión grave en los resulta-
dos de la votación, aunque sí incidió en la estabilidad de una comunidad
de más de un millón de pobladores. De no haber sido por la derrota del
entonces gobernador del estado de Miranda, Enrique Mendoza, en las
elecciones regionales subsiguientes del 31 de octubre de 2004 frente al
candidato pro Chávez, Diosdado Cabello, quién sabe hasta dónde habría
llegado el «Experimento Petare».
_________________"... Ustedes saben qué hacer. ¡Simplemente tomen el poder en toda Venezuela, absolutamente todo, barran a la burguesía de todos los espacios políticos y económicos y profundicen la revolución!"
EXPERIMENTO PETARE
La naturaleza y el desarrollo aparentemente desregulados de internet y sus tecnologías asociadas han sido cuestionadas por desafiar todo esfuerzo de gobernar la circulación de contenidos en ese espacio. Sin embargo, la censura y la regulación tienen lugar. En este artículo, Jorge Bossio analiza diversas categorizaciones de contenido que inhabilitan su regulación, así como estrategias implementadas en Perú, convocando a la responsabilidad individual y a la advertencia en la constitución de daños.
La primera impresión cuando se escucha la idea de “regulación de contenidos” lleva a pensar en un recorte de la libertad de expresión. Mas aún tratándose Internet de un medio que, dada su naturaleza, ha sido un espacio difícil de controlar. Un espacio donde la libre expresión está protegida, como señala Lawrence Lessig, por la propia arquitectura de la red.
A pesar de esta dificultad, los contenidos de la red pueden ser sujetos a regulación. El propio Lessig considera entre los mecanismos de regulación a la publicación, el acceso y la distribución.
La primera está referida a que el contenido obtiene credibilidad en función de la publicación, es decir, el soporte institucional que lo aloja.
La segunda se refiere a la posibilidad de excluir y hacer que solo algunas personas puedan visualizar un contenido específico.
Y finalmente, la tercera se refiere al acceso a los canales de distribución de dicho contenido.
Queda claro que las razones para regular contenido dependen del contexto cultural dentro del cual se da la regulación: lo que es considerado una expresión artística en un lugar, puede ser considerado como ilícito (incluso maligno) en otro contexto socio-cultural.
En este sentido una regulación que busque proteger a un grupo humano eliminando cierto tipo de contenido podría, en el extremo, estar decretando la desaparición de una expresión cultural determinada. A pesar de este riesgo -o quizás porque existe- la regulación de contenidos se hace necesaria para proteger a grupos humanos considerados vulnerables (por ejemplo, mujeres, niños, niñas y jóvenes) o para evitar agresiones a grupos minoritarios y excluídos.
El problema ahora es ¿cómo hacerlo? Existen diversos niveles de prohibición aplicable al contenido ilícito.
La prohibición de creación de contenido se aplica por ejemplo al contenido racista o a la apología del terrorismo pero existe otro tipo de contenido, tal como la pornografía infantil, donde no sólo la creación está prohibida sino también su uso.
Finalmente, hay otro tipo de contenido cuya distribución indiscriminada está prohibida, mas no su creación ni su uso. Es este último grupo de contenido el que alberga el problema más grande (desde el punto de vista de la regulación) dado que constituye aquello que es suficientemente dañino como para controlarlo pero no para prohibirlo: es un área gris en la amplia frontera entre la libertad de expresión y la propagación de contenido dañino o peligroso.
Aquí encontraremos contenido sutilmente racista o xenófobo, contenido que expresa violencia contra la mujer, los niños y niñas y los adultos mayores, entre otros. En éste ámbito la intervención del Estado para regular no ha demostrado ser eficaz, ni mucho menos eficiente.
En Perú, la Ley 28119 (1) prohíbe el acceso de los niños a material pornográfico en Internet. Para ello se obliga a los propietarios de las cabinas públicas de acceso a Internet (cybercentros) a que instalen “software especial de filtro y bloqueo” o a implementar “cualquier otro medio que tenga como efecto impedir la visualización de las citadas páginas.” La ley otorga a los municipios la obligación de supervisar su cumplimiento, lo cual ha originado un conjunto de ordenanzas municipales que establecen antojadizas restricciones para el acceso en términos de espacio (grupo de computadoras exclusivas para menores) y tiempo (horarios restringidos) como si éstas garantizaran efectivamente el objetivo. Por otra parte, la ley descuida el punto relativo a la protección de los niños y las niñas en sus propias casas (o en las de sus amistades) donde dicha prohibición resulta insuficiente ya que el hogar constituye un espacio del ámbito privado. Este límite obliga a la regulación a salir a la búsqueda de otros instrumentos. De hecho este es el mismo límite que impulsó la necesidad de regular los contenidos de los medios masivos de comunicación como la radio y la TV, por ser considerados como “intrusos” en los espacios privados.
Por ello valdría la pena observar cómo ha evolucionado la regulación de contenidos difundidos a través de la televisión, que inicialmente estaban sometidas a comités de censura y que, en la actualidad y en un importante grupo de casos, cuentan con esquemas de auto-regulación, etiquetado y filtrado de contenidos.
En Perú, la Asociación Nacional de Anunciantes y el Consejo de la Prensa Peruana han establecido consejos de autorregulación, persiguiendo el cumplimiento de principios tales como legalidad, decencia, veracidad y lealtad, garantizando el derecho de réplica.
Desde el lado de los consumidores y las consumidoras, varias organizaciones de la sociedad civil vienen impulsando la entrega de premios a quienes producen contenido no discriminatorio: tal es el caso de Flora Tristán que promueve el Premio Anual Fem-TV (2) destinado a “la publicidad que mejor exprese el avance de las mujeres en la sociedad y promueva relaciones más equitativas entre hombres y mujeres”.
Por otro lado, también son exponentes de esta tendencia el antipremio Sapo-TV, dedicado a la publicidad más machista y sexista” y el premio a la “Cabina más segura” (3), iniciativa impulsada por la organización social Acción por los Niños en el 2006.
Para el caso de la televisión, la ley 29.278 establece que la programación debe ser clasificada por el emisor, de forma tal que puedan o no ser transmitidos dentro del horario de protección al menor. Sería posible pensar que los componentes de una regulación efectiva de contenidos en Internet pasa fundamentalmente por la clasificación o etiquetado de los contenidos y las fuentes de los mismos, de forma tal que sean los propios consumidores y las consumidoras quienes compartan su opinión sobre los contenidos, al tiempo que establecen sus propios perfiles de consumo.
Iniciativas tales como la Internet Watch Foundation (4) facilitan que los consumidores y consumidoras denuncien sitios con contenido ilegal y que dichos sitios sean filtrados por los proveedores de acceso a Internet usando servicios tales como Cleanfeed, muy utilizado en el Reino Unido y Canadá.
No se debe cerrar esta reflexión sin ver en el desarrollo de capacidades humanas la otra cara de la misma moneda, ya que la población se vuelve más vulnerable a contenidos agresivos precisamente cuando cuenta con menores capacidades y herramientas para defender sus derechos. De allí la responsabilidad de impulsar programas de alfabetización digital e informacional que le cabe a los Estados, no sólo pensando en el uso que se hace de las tecnologías de información y comunicación sino en que dicho uso sea, además, productivo y beneficioso -o al menos no perjudicial- para la población.
La primera impresión cuando se escucha la idea de “regulación de contenidos” lleva a pensar en un recorte de la libertad de expresión. Mas aún tratándose Internet de un medio que, dada su naturaleza, ha sido un espacio difícil de controlar. Un espacio donde la libre expresión está protegida, como señala Lawrence Lessig, por la propia arquitectura de la red.
A pesar de esta dificultad, los contenidos de la red pueden ser sujetos a regulación. El propio Lessig considera entre los mecanismos de regulación a la publicación, el acceso y la distribución.
La primera está referida a que el contenido obtiene credibilidad en función de la publicación, es decir, el soporte institucional que lo aloja.
La segunda se refiere a la posibilidad de excluir y hacer que solo algunas personas puedan visualizar un contenido específico.
Y finalmente, la tercera se refiere al acceso a los canales de distribución de dicho contenido.
Queda claro que las razones para regular contenido dependen del contexto cultural dentro del cual se da la regulación: lo que es considerado una expresión artística en un lugar, puede ser considerado como ilícito (incluso maligno) en otro contexto socio-cultural.
En este sentido una regulación que busque proteger a un grupo humano eliminando cierto tipo de contenido podría, en el extremo, estar decretando la desaparición de una expresión cultural determinada. A pesar de este riesgo -o quizás porque existe- la regulación de contenidos se hace necesaria para proteger a grupos humanos considerados vulnerables (por ejemplo, mujeres, niños, niñas y jóvenes) o para evitar agresiones a grupos minoritarios y excluídos.
El problema ahora es ¿cómo hacerlo? Existen diversos niveles de prohibición aplicable al contenido ilícito.
La prohibición de creación de contenido se aplica por ejemplo al contenido racista o a la apología del terrorismo pero existe otro tipo de contenido, tal como la pornografía infantil, donde no sólo la creación está prohibida sino también su uso.
Finalmente, hay otro tipo de contenido cuya distribución indiscriminada está prohibida, mas no su creación ni su uso. Es este último grupo de contenido el que alberga el problema más grande (desde el punto de vista de la regulación) dado que constituye aquello que es suficientemente dañino como para controlarlo pero no para prohibirlo: es un área gris en la amplia frontera entre la libertad de expresión y la propagación de contenido dañino o peligroso.
Aquí encontraremos contenido sutilmente racista o xenófobo, contenido que expresa violencia contra la mujer, los niños y niñas y los adultos mayores, entre otros. En éste ámbito la intervención del Estado para regular no ha demostrado ser eficaz, ni mucho menos eficiente.
En Perú, la Ley 28119 (1) prohíbe el acceso de los niños a material pornográfico en Internet. Para ello se obliga a los propietarios de las cabinas públicas de acceso a Internet (cybercentros) a que instalen “software especial de filtro y bloqueo” o a implementar “cualquier otro medio que tenga como efecto impedir la visualización de las citadas páginas.” La ley otorga a los municipios la obligación de supervisar su cumplimiento, lo cual ha originado un conjunto de ordenanzas municipales que establecen antojadizas restricciones para el acceso en términos de espacio (grupo de computadoras exclusivas para menores) y tiempo (horarios restringidos) como si éstas garantizaran efectivamente el objetivo. Por otra parte, la ley descuida el punto relativo a la protección de los niños y las niñas en sus propias casas (o en las de sus amistades) donde dicha prohibición resulta insuficiente ya que el hogar constituye un espacio del ámbito privado. Este límite obliga a la regulación a salir a la búsqueda de otros instrumentos. De hecho este es el mismo límite que impulsó la necesidad de regular los contenidos de los medios masivos de comunicación como la radio y la TV, por ser considerados como “intrusos” en los espacios privados.
Por ello valdría la pena observar cómo ha evolucionado la regulación de contenidos difundidos a través de la televisión, que inicialmente estaban sometidas a comités de censura y que, en la actualidad y en un importante grupo de casos, cuentan con esquemas de auto-regulación, etiquetado y filtrado de contenidos.
En Perú, la Asociación Nacional de Anunciantes y el Consejo de la Prensa Peruana han establecido consejos de autorregulación, persiguiendo el cumplimiento de principios tales como legalidad, decencia, veracidad y lealtad, garantizando el derecho de réplica.
Desde el lado de los consumidores y las consumidoras, varias organizaciones de la sociedad civil vienen impulsando la entrega de premios a quienes producen contenido no discriminatorio: tal es el caso de Flora Tristán que promueve el Premio Anual Fem-TV (2) destinado a “la publicidad que mejor exprese el avance de las mujeres en la sociedad y promueva relaciones más equitativas entre hombres y mujeres”.
Por otro lado, también son exponentes de esta tendencia el antipremio Sapo-TV, dedicado a la publicidad más machista y sexista” y el premio a la “Cabina más segura” (3), iniciativa impulsada por la organización social Acción por los Niños en el 2006.
Para el caso de la televisión, la ley 29.278 establece que la programación debe ser clasificada por el emisor, de forma tal que puedan o no ser transmitidos dentro del horario de protección al menor. Sería posible pensar que los componentes de una regulación efectiva de contenidos en Internet pasa fundamentalmente por la clasificación o etiquetado de los contenidos y las fuentes de los mismos, de forma tal que sean los propios consumidores y las consumidoras quienes compartan su opinión sobre los contenidos, al tiempo que establecen sus propios perfiles de consumo.
Iniciativas tales como la Internet Watch Foundation (4) facilitan que los consumidores y consumidoras denuncien sitios con contenido ilegal y que dichos sitios sean filtrados por los proveedores de acceso a Internet usando servicios tales como Cleanfeed, muy utilizado en el Reino Unido y Canadá.
No se debe cerrar esta reflexión sin ver en el desarrollo de capacidades humanas la otra cara de la misma moneda, ya que la población se vuelve más vulnerable a contenidos agresivos precisamente cuando cuenta con menores capacidades y herramientas para defender sus derechos. De allí la responsabilidad de impulsar programas de alfabetización digital e informacional que le cabe a los Estados, no sólo pensando en el uso que se hace de las tecnologías de información y comunicación sino en que dicho uso sea, además, productivo y beneficioso -o al menos no perjudicial- para la población.