La narrativa del "Cártel de los Soles" funciona hoy como un campo de batalla geopolítico: Washington lo consolida jurídicamente como red criminal-terrorista dirigida por Nicolás Maduro, mientras Caracas, Petro y otros actores la presentan como un instrumento de guerra híbrida y cambio de régimen más que como un cártel clásico con estructura unificada. En medio, la evidencia judicial disponible muestra una mezcla incómoda de condenas individuales por narco-terrorismo y narcotráfico, pero sin una sentencia que certifique en tribunales la existencia de un aparato criminal formal encabezado por el presidente venezolano.

De "narcocartel" a "organización terrorista"

En 2025 el Departamento del Tesoro sancionó al Cártel de los Soles como entidad vinculada al terrorismo, descriéndolo como un grupo criminal con sede en Venezuela y "encabezado" por Nicolás Maduro y altos mandos militares que dan apoyo material a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Poco después, el Departamento de Estado notificó su inclusión como Organización Terrorista Extranjera (FTO), con entrada en vigor el 24 de noviembre de 2025, elevando la narrativa desde el narcotráfico hacia la seguridad nacional y el contraterrorismo.

La designación FTO se inserta en una estrategia ya usada con otros actores criminales transnacionales: amplía el rango de herramientas legales contra Venezuela y sus élites, desde la presión financiera hasta el eventual uso del lenguaje de "objetivos legítimos" en un escenario de escalada. La respuesta oficial venezolana ha sido tajante: califica estas medidas como una "patranya" y "ridícula fabricación", negando la existencia de un cártel estructurado y denunciando un intento de justificar sanciones más duras e incluso opciones militares bajo la bandera antiterrorista.

Pruebas judiciales y el límite de la narrativa

En el plano probatorio, las condenas más sólidas apuntan a exfuncionarios que se movieron durante años dentro del ecosistema chavista y militar. El exgeneral Clíver Alcála Cordones recibió en 2024 una sentencia de más de 21 años de prisión en Nueva York por brindar apoyo material a las FARC y contribuir a enviar cocaína hacia Estados Unidos, en un caso donde la fiscaluría lo describió como parte de una red que utilizó instituciones venezolanas para facilitar el negocio.

De forma similar, el exjefe de inteligencia Hugo "El Pollo" Carvajal se declaró culpable en junio de 2025 por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos de armas, reconociendo colaboración con las FARC en protección de cargamentos y suministro de armamento, con un potencial de pena que llega hasta cadena perpetua. Sin embargo, a nivel de cúpula política actual no existen sentencias condenatorias contra Maduro o Diosdado Cabello: lo que hay son acusaciones penales, ofertas de recompensa millonarias y sanciones basadas en inteligencia, lo cual mantiene la discusión en el terreno de la evidencia clasificada y la construcción discursiva más que en un veredicto judicial definitivo sobre un "cártel" estatal moníltico.

Petro, la "junta del narcotráfico" y la disputa regional

En este tablero, Gustavo Petro se ha convertido en una de las voces más desafiantes de la narrativa estadounidense. En agosto de 2025 afirmó en X que "el cartel de los soles no existe", definiéndolo como una "excusa ficticia de la extrema derecha" para derribar gobiernos que no obedecen a Washington y proponiendo en cambio la idea de una "junta del narcotráfico" regional en la que participan mafias colombianas y grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC.

Más que negar la penetración del narcotráfico en estructuras estatales, Petro desplaza el foco desde Caracas hacia una gobernanza criminal transnacional, insistiendo en que los problemas venezolanos deben resolverse con diálogo interno y no mediante demonización externa. Esta postura lo alinea parcialmente con el discurso venezolano y contribuye a bajar el tono de la escalada colombo-venezolana, pero también lo coloca en tensión abierta con la lógica de Washington, que exige reconocer al Cártel de los Soles como maquinaria central del tráfico hacia el norte.

"Cártel" o sistema de corrupción estatal

Una clave analítica para salir del blanco-y-negro la ofrece el trabajo de observatorios especializados: investigaciones citadas por medios internacionales recogen la tesis de Insight Crime y otros expertos que describen al Cártel de los Soles menos como un cártel vertical al estilo Sinaloa y más como un sistema de corrupción extendida, una red de nodos militares-políticos-criminales cohesionados por la promesa de impunidad del régimen. En esta lectura, la crisis económica venezolana y los bajos salarios de fuerzas de seguridad habrían incentivado a que sectores militares negocien rutas y protección a cambio de rentas ilícitas, con el poder político actuando más como regulador y beneficiario que como "jefe de plaza" clásico.

Esa caracterización matizada permite entender por qué el término "cártel" es atacado desde Caracas y Bogotá, pero al mismo tiempo por qué numerosos expedientes judiciales, reportajes periodísticos e informes de ONG dibujan un patrón de connivencia sistémica entre aparato estatal y economías ilegales. El uso del rótulo "organización terrorista" sobre un entramado de corrupción y narcotráfico estatal híbrido, más difuso que piramidal, responde entonces tanto a necesidades jurídicas de Washington como a una lógica de presión política y simbólica sobre un gobierno que ya vive bajo régimen de sanciones amplias.

Efectos estratégicos: sanciones, aislamiento y guerra híbrida

La inscripción del Cártel de los Soles en la lista FTO implica tres efectos duros: convierte en delito el "apoyo material" —financiero, logístico o tecnológico— a cualquier persona o entidad asociada, endurece la inadmisibilidad migratoria y obliga al sistema bancario estadounidense a bloquear activos y transacciones vinculadas. Para empresas y bancos que operan o tienen exposición a Venezuela, esto eleva de inmediato el costo de cualquier interacción con instituciones estatales consideradas capturadas por la red, reforzando el aislamiento económico del país.

Desde Caracas, esta arquitectura es leída como capítulo de una guerra híbrida más amplia: una combinación de sanciones, campañas mediáticas, acusaciones de narco-terrorismo y amenazas veladas de intervención que buscan empujar fracturas internas en la Fuerza Armada y legitimar internacionalmente un eventual escenario de cambio de régimen. En esa lógica, el "Cártel de los Soles" deja de ser solo una categoría criminal y se convierte en un dispositivo narrativo de alta intensidad, donde cada nuevo juicio, informe o declaración presidencial se usa como munición en un conflicto que ya no se libra solo en las selvas de la frontera y las rutas de cocaína, sino en tribunales federales, consejos de seguridad y, ahora, también en las listas globales de terrorismo.