Hace 8 años
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La pérdida electoral de Miranda el 16 D tiene un antecedente sorprendente
Entretanto, la DAI había distribuido sesenta y siete donaciones que, en
los últimos meses, sumaban un total de 2.300.000 dólares, más de la mitad
de los cuales se habían concentrado en el referendo y en la Venezuela
«poschavista». Al responder a la solicitud de información de la FOIA
sobre sus proyectos en Venezuela, la USAID retuvo los nombres de todas
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las organizaciones y los beneficiarios de los dólares del contribuyente
estadounidense en Venezuela. En muy pocos casos se cometieron errores
administrativos y se revelaron nombres de beneficiarios como Súmate,
Carlos Fernández y Mirador Democrático, pero, en el caso de la mayoría
de las donaciones, sólo se dejó fuera de la censura los nombres de los
proyectos con las descripciones de los programas. Algunos de los proyec-
tos eran fáciles de descifrar, como el de «Un Sueño para Venezuela», una
propuesta de Liderazgo y Visión, organización financiada por la NED
como otra alternativa a Chávez, pero la mayoría se identificaba sólo por
el nombre del proyecto.
De las sesenta y siete donaciones para 2003-2004, hay algo en particular
que salta a la vista: siete de éstas se destinaron a la comunidad de Petare,
uno de los vecindarios más poblados de Venezuela y una base importante
de apoyo en favor de Chávez.
Petare es el sector más poblado de la gran Caracas. Situado en el muni-
cipio Sucre, en el estado Miranda; Petare es esencialmente un barrio de
la clase obrera y pobre, con algunas zonas de pobladores de las clases
media y alta. Aunque es conocido como el bastión chavista para sorpresa
de muchos, durante el referendo revocatorio contra éste, el 15 de agos-
to de 2004, ocurrió algo en Petare: contrario a lo que se esperaba, el «sí»
de la oposición obtuvo más votos que el «no» para mantener a Chávez.
Las siete donaciones USAID-DAI en Petare se concentraron fundamen-
talmente en el «desarrollo ciudadano y la formación política» y el mejora-
miento de las relaciones de la comunidad. Una de las donaciones, valorada
en 22.081 dólares y titulada «Tendiendo Puentes Comunitarios para For-
talecer la Vida Democrática en Nuestras Comunidades», fue destinada
supuestamente a enmendar las relaciones entre las comunidades de las
clases alta y media en el sector de Petare y la clase baja mayoritaria. Otra
donación, de unos 53 mil dólares, «Mi Barrio: Un Espacio Democrático
para el Consenso y el Desarrollo», fue destinada a ayudar a los miembros
de las comunidades pobres a desarrollar valores democráticos.
«Diálogo y Resolución de Conflictos», otro de los esfuerzos de USAID-DAI en Petare enseñaría, supuestamente a los trabajadores pobres cómo
comunicarse en una democracia, y el floreciente «Acciones Vecinales para
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la Armonía y el Entendimiento» era un proyecto de 34.215 dólares para
«ayudar» a los miembros de la comunidad a llevarse bien. El más oscuro,
«Experiencia Local de Negociación y Legitimación de Consenso. Los
Derechos de la Infancia en Sucre», introdujo otros 6 mil dólares, y el más
general, «Prevención de la Violencia Cotidiana», reportó al vecindario la
enorme cifra de 49.830 dólares.
Hay dos cosas que llaman la atención acerca de esas donaciones en
Petare. Una, las donaciones USAID-DAI en Petare no sólo eran condes-
cendientes y paternalistas con los miembros de la comunidad, dándoles a
todos un tratamiento de ciudadanos pobres, no instruidos y carentes de
valores, sino, además, un intento por enseñarles valores «democráticos» y
metodologías de desarrollo no autóctonas en Venezuela. Las donaciones
introdujeron valores y nociones impuestas por Estados Unidos para tra-
tar de influir en la opinión pública. La idea detrás de esas donaciones
para «formación» era precisamente influir en la formación ideológica y
política de la base venezolana; vasta población mayoritariamente pobre
en el país, que es también la mayor base de apoyo a Chávez. Era en
Petare donde se desarrollaba una verdadera «batalla de ideas» y, a juzgar
por los resultados del referendo, Estados Unidos estaba ganando.
El segundo aspecto que llama la atención en relación con las donacio-
nes era el hecho de que la mayoría de los miembros de la comunidad no
conocía nada de éstas. Más de 200 mil dólares habían sido invertidos en
su comunidad para la formación democrática y política y la solución de
conflictos, y la mayoría de los residentes de Petare no habían tenido nin-
guna participación en los proyectos; sin embargo, más intrigante aún
resultaban las numerosas historias de testigos oculares de cómo el diputa-
do por el estado de Miranda, Carlos Ocariz, del partido de oposición
Primero Justicia, contraparte venezolana del IRI, iba de puerta en puerta,
con sus ayudantes, por los barrios más pobres de la comunidad, semanas
antes del referendo y ofrecía 150 mil bolívares (alrededor de 75 dólares)
y una bolsa de alimentos para que votaran por el «sí». No es difícil de
imaginar que el hambre venciera a los principios, incluso en un ambiente
políticamente cargado.
Tendría sentido, entonces, que si la USAID-DAI había invertido más de
200 mil dólares en Petare en los meses que precedieron el referendo y la
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mayoría de los residentes del lugar no había oído nunca hablar de los
proyectos y programas que supuestamente debían ser realizados en su
vecindario, que de cierta manera una parte de esos 200 mil dólares
apareciera en los donativos de Carlos Ocariz a los miembros pobres de la
comunidad de Petare.
Al final, el resultado deseado era el mismo, ya fuera por vía de los pro-
gramas legítimos de donación o por el soborno político: ganar el referen-
do revocatorio y librarse de Chávez. En Petare concibieron una forma
fácil de lograr ese objetivo: aprovecharse de la pobreza.
Para suerte de Chávez y sus seguidores, en el estado de Miranda, donde
está situado Petare, ganó el «no» por algunos puntos porcentuales, de ahí
que la pérdida en el lugar no tuvo una repercusión grave en los resulta-
dos de la votación, aunque sí incidió en la estabilidad de una comunidad
de más de un millón de pobladores. De no haber sido por la derrota del
entonces gobernador del estado de Miranda, Enrique Mendoza, en las
elecciones regionales subsiguientes del 31 de octubre de 2004 frente al
candidato pro Chávez, Diosdado Cabello, quién sabe hasta dónde habría
llegado el «Experimento Petare».
_________________"... Ustedes saben qué hacer. ¡Simplemente tomen el poder en toda Venezuela, absolutamente todo, barran a la burguesía de todos los espacios políticos y económicos y profundicen la revolución!"
EXPERIMENTO PETARE
La naturaleza y el desarrollo aparentemente desregulados de internet y sus tecnologías asociadas han sido cuestionadas por desafiar todo esfuerzo de gobernar la circulación de contenidos en ese espacio. Sin embargo, la censura y la regulación tienen lugar. En este artículo, Jorge Bossio analiza diversas categorizaciones de contenido que inhabilitan su regulación, así como estrategias implementadas en Perú, convocando a la responsabilidad individual y a la advertencia en la constitución de daños.
La primera impresión cuando se escucha la idea de “regulación de contenidos” lleva a pensar en un recorte de la libertad de expresión. Mas aún tratándose Internet de un medio que, dada su naturaleza, ha sido un espacio difícil de controlar. Un espacio donde la libre expresión está protegida, como señala Lawrence Lessig, por la propia arquitectura de la red.
A pesar de esta dificultad, los contenidos de la red pueden ser sujetos a regulación. El propio Lessig considera entre los mecanismos de regulación a la publicación, el acceso y la distribución.
La primera está referida a que el contenido obtiene credibilidad en función de la publicación, es decir, el soporte institucional que lo aloja.
La segunda se refiere a la posibilidad de excluir y hacer que solo algunas personas puedan visualizar un contenido específico.
Y finalmente, la tercera se refiere al acceso a los canales de distribución de dicho contenido.
Queda claro que las razones para regular contenido dependen del contexto cultural dentro del cual se da la regulación: lo que es considerado una expresión artística en un lugar, puede ser considerado como ilícito (incluso maligno) en otro contexto socio-cultural.
En este sentido una regulación que busque proteger a un grupo humano eliminando cierto tipo de contenido podría, en el extremo, estar decretando la desaparición de una expresión cultural determinada. A pesar de este riesgo -o quizás porque existe- la regulación de contenidos se hace necesaria para proteger a grupos humanos considerados vulnerables (por ejemplo, mujeres, niños, niñas y jóvenes) o para evitar agresiones a grupos minoritarios y excluídos.
El problema ahora es ¿cómo hacerlo? Existen diversos niveles de prohibición aplicable al contenido ilícito.
La prohibición de creación de contenido se aplica por ejemplo al contenido racista o a la apología del terrorismo pero existe otro tipo de contenido, tal como la pornografía infantil, donde no sólo la creación está prohibida sino también su uso.
Finalmente, hay otro tipo de contenido cuya distribución indiscriminada está prohibida, mas no su creación ni su uso. Es este último grupo de contenido el que alberga el problema más grande (desde el punto de vista de la regulación) dado que constituye aquello que es suficientemente dañino como para controlarlo pero no para prohibirlo: es un área gris en la amplia frontera entre la libertad de expresión y la propagación de contenido dañino o peligroso.
Aquí encontraremos contenido sutilmente racista o xenófobo, contenido que expresa violencia contra la mujer, los niños y niñas y los adultos mayores, entre otros. En éste ámbito la intervención del Estado para regular no ha demostrado ser eficaz, ni mucho menos eficiente.
En Perú, la Ley 28119 (1) prohíbe el acceso de los niños a material pornográfico en Internet. Para ello se obliga a los propietarios de las cabinas públicas de acceso a Internet (cybercentros) a que instalen “software especial de filtro y bloqueo” o a implementar “cualquier otro medio que tenga como efecto impedir la visualización de las citadas páginas.” La ley otorga a los municipios la obligación de supervisar su cumplimiento, lo cual ha originado un conjunto de ordenanzas municipales que establecen antojadizas restricciones para el acceso en términos de espacio (grupo de computadoras exclusivas para menores) y tiempo (horarios restringidos) como si éstas garantizaran efectivamente el objetivo. Por otra parte, la ley descuida el punto relativo a la protección de los niños y las niñas en sus propias casas (o en las de sus amistades) donde dicha prohibición resulta insuficiente ya que el hogar constituye un espacio del ámbito privado. Este límite obliga a la regulación a salir a la búsqueda de otros instrumentos. De hecho este es el mismo límite que impulsó la necesidad de regular los contenidos de los medios masivos de comunicación como la radio y la TV, por ser considerados como “intrusos” en los espacios privados.
Por ello valdría la pena observar cómo ha evolucionado la regulación de contenidos difundidos a través de la televisión, que inicialmente estaban sometidas a comités de censura y que, en la actualidad y en un importante grupo de casos, cuentan con esquemas de auto-regulación, etiquetado y filtrado de contenidos.
En Perú, la Asociación Nacional de Anunciantes y el Consejo de la Prensa Peruana han establecido consejos de autorregulación, persiguiendo el cumplimiento de principios tales como legalidad, decencia, veracidad y lealtad, garantizando el derecho de réplica.
Desde el lado de los consumidores y las consumidoras, varias organizaciones de la sociedad civil vienen impulsando la entrega de premios a quienes producen contenido no discriminatorio: tal es el caso de Flora Tristán que promueve el Premio Anual Fem-TV (2) destinado a “la publicidad que mejor exprese el avance de las mujeres en la sociedad y promueva relaciones más equitativas entre hombres y mujeres”.
Por otro lado, también son exponentes de esta tendencia el antipremio Sapo-TV, dedicado a la publicidad más machista y sexista” y el premio a la “Cabina más segura” (3), iniciativa impulsada por la organización social Acción por los Niños en el 2006.
Para el caso de la televisión, la ley 29.278 establece que la programación debe ser clasificada por el emisor, de forma tal que puedan o no ser transmitidos dentro del horario de protección al menor. Sería posible pensar que los componentes de una regulación efectiva de contenidos en Internet pasa fundamentalmente por la clasificación o etiquetado de los contenidos y las fuentes de los mismos, de forma tal que sean los propios consumidores y las consumidoras quienes compartan su opinión sobre los contenidos, al tiempo que establecen sus propios perfiles de consumo.
Iniciativas tales como la Internet Watch Foundation (4) facilitan que los consumidores y consumidoras denuncien sitios con contenido ilegal y que dichos sitios sean filtrados por los proveedores de acceso a Internet usando servicios tales como Cleanfeed, muy utilizado en el Reino Unido y Canadá.
No se debe cerrar esta reflexión sin ver en el desarrollo de capacidades humanas la otra cara de la misma moneda, ya que la población se vuelve más vulnerable a contenidos agresivos precisamente cuando cuenta con menores capacidades y herramientas para defender sus derechos. De allí la responsabilidad de impulsar programas de alfabetización digital e informacional que le cabe a los Estados, no sólo pensando en el uso que se hace de las tecnologías de información y comunicación sino en que dicho uso sea, además, productivo y beneficioso -o al menos no perjudicial- para la población.
La primera impresión cuando se escucha la idea de “regulación de contenidos” lleva a pensar en un recorte de la libertad de expresión. Mas aún tratándose Internet de un medio que, dada su naturaleza, ha sido un espacio difícil de controlar. Un espacio donde la libre expresión está protegida, como señala Lawrence Lessig, por la propia arquitectura de la red.
A pesar de esta dificultad, los contenidos de la red pueden ser sujetos a regulación. El propio Lessig considera entre los mecanismos de regulación a la publicación, el acceso y la distribución.
La primera está referida a que el contenido obtiene credibilidad en función de la publicación, es decir, el soporte institucional que lo aloja.
La segunda se refiere a la posibilidad de excluir y hacer que solo algunas personas puedan visualizar un contenido específico.
Y finalmente, la tercera se refiere al acceso a los canales de distribución de dicho contenido.
Queda claro que las razones para regular contenido dependen del contexto cultural dentro del cual se da la regulación: lo que es considerado una expresión artística en un lugar, puede ser considerado como ilícito (incluso maligno) en otro contexto socio-cultural.
En este sentido una regulación que busque proteger a un grupo humano eliminando cierto tipo de contenido podría, en el extremo, estar decretando la desaparición de una expresión cultural determinada. A pesar de este riesgo -o quizás porque existe- la regulación de contenidos se hace necesaria para proteger a grupos humanos considerados vulnerables (por ejemplo, mujeres, niños, niñas y jóvenes) o para evitar agresiones a grupos minoritarios y excluídos.
El problema ahora es ¿cómo hacerlo? Existen diversos niveles de prohibición aplicable al contenido ilícito.
La prohibición de creación de contenido se aplica por ejemplo al contenido racista o a la apología del terrorismo pero existe otro tipo de contenido, tal como la pornografía infantil, donde no sólo la creación está prohibida sino también su uso.
Finalmente, hay otro tipo de contenido cuya distribución indiscriminada está prohibida, mas no su creación ni su uso. Es este último grupo de contenido el que alberga el problema más grande (desde el punto de vista de la regulación) dado que constituye aquello que es suficientemente dañino como para controlarlo pero no para prohibirlo: es un área gris en la amplia frontera entre la libertad de expresión y la propagación de contenido dañino o peligroso.
Aquí encontraremos contenido sutilmente racista o xenófobo, contenido que expresa violencia contra la mujer, los niños y niñas y los adultos mayores, entre otros. En éste ámbito la intervención del Estado para regular no ha demostrado ser eficaz, ni mucho menos eficiente.
En Perú, la Ley 28119 (1) prohíbe el acceso de los niños a material pornográfico en Internet. Para ello se obliga a los propietarios de las cabinas públicas de acceso a Internet (cybercentros) a que instalen “software especial de filtro y bloqueo” o a implementar “cualquier otro medio que tenga como efecto impedir la visualización de las citadas páginas.” La ley otorga a los municipios la obligación de supervisar su cumplimiento, lo cual ha originado un conjunto de ordenanzas municipales que establecen antojadizas restricciones para el acceso en términos de espacio (grupo de computadoras exclusivas para menores) y tiempo (horarios restringidos) como si éstas garantizaran efectivamente el objetivo. Por otra parte, la ley descuida el punto relativo a la protección de los niños y las niñas en sus propias casas (o en las de sus amistades) donde dicha prohibición resulta insuficiente ya que el hogar constituye un espacio del ámbito privado. Este límite obliga a la regulación a salir a la búsqueda de otros instrumentos. De hecho este es el mismo límite que impulsó la necesidad de regular los contenidos de los medios masivos de comunicación como la radio y la TV, por ser considerados como “intrusos” en los espacios privados.
Por ello valdría la pena observar cómo ha evolucionado la regulación de contenidos difundidos a través de la televisión, que inicialmente estaban sometidas a comités de censura y que, en la actualidad y en un importante grupo de casos, cuentan con esquemas de auto-regulación, etiquetado y filtrado de contenidos.
En Perú, la Asociación Nacional de Anunciantes y el Consejo de la Prensa Peruana han establecido consejos de autorregulación, persiguiendo el cumplimiento de principios tales como legalidad, decencia, veracidad y lealtad, garantizando el derecho de réplica.
Desde el lado de los consumidores y las consumidoras, varias organizaciones de la sociedad civil vienen impulsando la entrega de premios a quienes producen contenido no discriminatorio: tal es el caso de Flora Tristán que promueve el Premio Anual Fem-TV (2) destinado a “la publicidad que mejor exprese el avance de las mujeres en la sociedad y promueva relaciones más equitativas entre hombres y mujeres”.
Por otro lado, también son exponentes de esta tendencia el antipremio Sapo-TV, dedicado a la publicidad más machista y sexista” y el premio a la “Cabina más segura” (3), iniciativa impulsada por la organización social Acción por los Niños en el 2006.
Para el caso de la televisión, la ley 29.278 establece que la programación debe ser clasificada por el emisor, de forma tal que puedan o no ser transmitidos dentro del horario de protección al menor. Sería posible pensar que los componentes de una regulación efectiva de contenidos en Internet pasa fundamentalmente por la clasificación o etiquetado de los contenidos y las fuentes de los mismos, de forma tal que sean los propios consumidores y las consumidoras quienes compartan su opinión sobre los contenidos, al tiempo que establecen sus propios perfiles de consumo.
Iniciativas tales como la Internet Watch Foundation (4) facilitan que los consumidores y consumidoras denuncien sitios con contenido ilegal y que dichos sitios sean filtrados por los proveedores de acceso a Internet usando servicios tales como Cleanfeed, muy utilizado en el Reino Unido y Canadá.
No se debe cerrar esta reflexión sin ver en el desarrollo de capacidades humanas la otra cara de la misma moneda, ya que la población se vuelve más vulnerable a contenidos agresivos precisamente cuando cuenta con menores capacidades y herramientas para defender sus derechos. De allí la responsabilidad de impulsar programas de alfabetización digital e informacional que le cabe a los Estados, no sólo pensando en el uso que se hace de las tecnologías de información y comunicación sino en que dicho uso sea, además, productivo y beneficioso -o al menos no perjudicial- para la población.
¿Qué implica regular contenidos en internet?
Además de la empresa en su conjunto, se va establecer una Unidad de Producción Social (UPS), en la misma parroquia, donde se realizaran los componentes para los celulares tales como: manos libre, audífonos externos y los forros de los teléfonos.
(05/03/2010) “Estamos muy complacido con el Gobierno Bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Fundayacucho y por supuesto con la empresa Socialista Orinoquia, por haber tomado en cuenta a todos los Consejos Comunales de Petare”, así lo expresó Nivia Perdomo perteneciente a la Sala de Batalla Electoral, “Padre de Jesús Niepa” del sector El Carmen de la parroquia de Petare en el municipio Sucre, durante la actividad que sostuvieron los Consejos Comunales de la zona para la recepción de entrega de documentos en la empresa Socialista de Teléfonos Celulares Orinoquia.
“Este proceso nos dio la responsabilidad y el poder de elegir a las personas que van a trabajar en esta Empresa Socialista, esto solo es posible en una Revolución como la nuestra, gracias por a nuestro presidente Hugo Chávez Frías, quien siempre exhorta a los sectores populares a organizarse y tomar las riendas en la construcción del Socialismo Bolivariano”, enfatizó Perdomo.
Por su parte, el Coordinador de la Oficina de Atención Social y Participación del MCTI, Luis Eduardo Álvarez , mencionó que, “Estamos siguiendo las instrucciones del ministro Ricardo Menéndez al traer este proyecto a esta comunidad en Petare, como es la empresa Socialista Orinoquia que se encargará de la fabricación y ensamblaje de equipos de teléfonos celulares. Esta empresa estará ubicada en la Base Aérea de La Carlota”.
Además de la Empresa en su conjunto, se va establecer una Unidad de Producción Social (UPS), en la misma parroquia, donde se realizaran los componentes para los celulares tales, como: manos libre, audífonos externos y los forros de los teléfonos celulares.
De igual forma Carlos Guedéz, director de Programas y Convenios de Fundayacucho, menciono las diferencias que hay entre una empresa Capitalista y una Socialista, “Con Orinoquia lo que se busca es el beneficio de las personas que conforman la empresa, integrando a los trabajadores en todo este proceso. Lo que queremos es cambiar el modelo cultural de empresa que ha estado imperando en Venezuela y donde sus trabajadores sean quienes decidan en colectivo”, puntualizó Guédez.
La participación de los Consejos Comunales fue muy importante y determinante, y va en consonancia con las directrices establecidas por el presidente Hugo Chávez, que no es otra que darle Poder al Pueblo y que ellos se han participes y garantes en la toma de decisiones en procura del beneficio colectivo.
Este es un programa piloto enmarcado en el reimpulso de las 21 Fábricas Socialista, posteriormente se llevara esta experiencia a otras comunidades, siempre pensado en su dinámica de acción y las realidades propias de cada comunidad.
La empresa tendrá 80 trabajadores de los cuales 42 son técnicos que ha sido postulados por los Consejos Comunales de Petare Sur. Luego habrá otra línea de producción donde se estima que se incorporen entre 20 a 25 personas.
Josmar Rodríguez de la dirección de Talento y Recurso Humano de Orinoquia, destacó que el siguiente paso son las entrevistas. “Durante este mismo mes de marzo se dictara por parte del MCT la formación socio-política, importante para sentar las bases ideológicas de lo que se quiere como una Empresa Socialista, luego se hará la inducción teórico-practica que estará a cargo de Huawei”.
Los trabajadores recibirán una beca trabajo, además de la capacitación previa, Huawei se encargara de la inducción sobre el ensamblaje de los celulares, sus componente, cómo es la materia prima, cómo llega a Venezuela y todos los procedimiento administrativos.
Una vez más el Gobierno Bolivariano sienta las bases para seguir consolidando el Poder Popular, tomando en cuenta el potencial y talento humano que se origina en el pueblo para seguir brindando la mayor suma de felicidad posible.
