El país deberá presentar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, un informe sobre las medidas adoptadas para corregir los casos de ejecuciones extrajudiciales.
Prensa Web RNV/Prensa Latina 10 Enero 2010, 10:50 AM |
El senador liberal Juan Manuel Galán advirtió hoy que Colombia podría ser condenada en Naciones Unidas por liberar la justicia nacional a 17 uniformados involucrados en ejecuciones extrajudiciales.
En declaraciones a una radioemisora local, Galán recordó que el país deberá presentar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, un informe sobre las medidas adoptadas para corregir los casos por dichos crímenes.
Al respecto el parlamentario indicó que es de muy mala presentación para la comunidad internacional la puesta en libertad, por dilación de los abogados, de esos militares acusados de asesinar a varios jóvenes.
Por otra parte, Galán propuso a la Fiscalía General de la Nación que lidere un proyecto de ley a fin de modificar el código de procedimiento penal para impedir que los abogados "mañosos" utilicen artimañas dejando vencer los términos en casos de tal gravedad.
La justicia colombiana puso en libertad el pasado jueves a tres suboficiales y 14 soldados profesionales, sindicados de la desaparición y posterior asesinato de varios jóvenes en 2008, que fueron presentados por los uniformados como guerrilleros muertos en combate.
La decisión fue adoptada por el juez que lleva el caso, tras alegar vencimiento del plazo de prisión preventiva sin que se diera ningún juicio contra los militares, en consonancia con una petición de la defensa.
Ese fallo judicial generó una avalancha de fuertes críticas y rechazo dentro y fuera del país, que para muchos es visto como un "espectáculo de impunidad", al tiempo que los uniformados en cuestión seguirán prestando servicio en el ejército.
Esta semana el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, expresó su temor por las implicaciones que pueda tener la medida en los demás casos que se investigan en el país por "falsos positivos", como se conocen aquí eufemísticamente dichos crímenes.
"Estoy muy preocupado por el posible impacto de la puesta en libertad en los demás casos, la Fiscalía General está investigando más de mil 200 casos de ejecuciones extrajudiciales y una decisión así puede ocasionar un mayor miedo en testigos, desconfianza en las víctimas, sufrimiento de las madres", apuntó.
Por su parte, el defensor del pueblo, Volmar Pérez, indicó que la justicia nacional emite un mensaje equivocado y desalentador al país y el mundo.
A su vez, el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, advirtió sobre las graves repercusiones para Colombia, tras señalar que el hecho se pondrá en conocimiento ante los órganos internacionales de justicia.
En declaraciones a una radioemisora local, Galán recordó que el país deberá presentar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, un informe sobre las medidas adoptadas para corregir los casos por dichos crímenes.
Al respecto el parlamentario indicó que es de muy mala presentación para la comunidad internacional la puesta en libertad, por dilación de los abogados, de esos militares acusados de asesinar a varios jóvenes.
Por otra parte, Galán propuso a la Fiscalía General de la Nación que lidere un proyecto de ley a fin de modificar el código de procedimiento penal para impedir que los abogados "mañosos" utilicen artimañas dejando vencer los términos en casos de tal gravedad.
La justicia colombiana puso en libertad el pasado jueves a tres suboficiales y 14 soldados profesionales, sindicados de la desaparición y posterior asesinato de varios jóvenes en 2008, que fueron presentados por los uniformados como guerrilleros muertos en combate.
La decisión fue adoptada por el juez que lleva el caso, tras alegar vencimiento del plazo de prisión preventiva sin que se diera ningún juicio contra los militares, en consonancia con una petición de la defensa.
Ese fallo judicial generó una avalancha de fuertes críticas y rechazo dentro y fuera del país, que para muchos es visto como un "espectáculo de impunidad", al tiempo que los uniformados en cuestión seguirán prestando servicio en el ejército.
Esta semana el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, expresó su temor por las implicaciones que pueda tener la medida en los demás casos que se investigan en el país por "falsos positivos", como se conocen aquí eufemísticamente dichos crímenes.
"Estoy muy preocupado por el posible impacto de la puesta en libertad en los demás casos, la Fiscalía General está investigando más de mil 200 casos de ejecuciones extrajudiciales y una decisión así puede ocasionar un mayor miedo en testigos, desconfianza en las víctimas, sufrimiento de las madres", apuntó.
Por su parte, el defensor del pueblo, Volmar Pérez, indicó que la justicia nacional emite un mensaje equivocado y desalentador al país y el mundo.
A su vez, el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, advirtió sobre las graves repercusiones para Colombia, tras señalar que el hecho se pondrá en conocimiento ante los órganos internacionales de justicia.
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